Si los encuestadores preguntaran “¿Usted quiere la impunidad?” –pregunta que va al fondo de la cuestión a resolverse en el plebiscito el 25 de octubre- la respuesta sería prácticamente unánime.Es indudable la inmensa adhesión del pueblo uruguayo a la defensa de la justicia y por consiguiente al rechazo a que permanezcan impunes los crímenes de la dictadura y la represión previa, como los crímenes de la 20 y contra otros militantes sindicales y sociales, o también posterior, como es el caso de Roslick y todos los que mostraron la supervivencia de las “espinas del fascismo” que mencionaba Arismendi.
El propio nombre de la mencionada ley merece a esta altura analizarse en sí mismo por sus contenidos muy precisos tanto como peligrosos en su intencionalidad. La caducidad alude a lo que cualquier escolar aprende cada otoño sobre las hojas “que caen”. Lo que cae según la ley es “la pretensión punitiva del Estado”.
Le pertenece al Estado ejercer la función punitiva cuando a través del Poder Judicial establece penas por culpabilidades demostradas mediante investigación y determinaciones de la más aproximada verdad de los hechos. En el caso que nos ocupa, luego de derrotada la dictadura, las acciones criminales cometidas por quienes la ejercieron directamente o colaboraron con ella de modo flagrante, constituyen materia de “acción punitiva” del Estado.
Lisa y llanamente, la Ley de Caducidad establece la renuncia del Estado a ejercer esa acción. Y lo hace de raíz, pues refiere a la mera “pretensión” de investigar y penar a quienes torturaron, asesinaron, hicieron desaparecer a compatriotas así como contribuyeron en lo supranacional –operación Cóndor mediante- a desapariciones y asesinatos de militantes de la región, atentando también contra la identidad y la vida de sus hijos.
Es decir: según la ley, el Estado uruguayo no puede siquiera “pretender” que los crímenes sean esclarecidos y resueltos por la Justicia. Todo esto dicho rápidamente refleja apenas el alcance de los atropellos que se pretenden hacer caer, alfombrando de impunidad el suelo de quienes luchando apostaron por la democracia con su vida y son parte de nuestra mejor historia.
No obstante, sorprenden algunas argumentaciones que pretenden poner en duda la necesidad de anular la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado. Una ley que a buen entendedor es una ley de impunidad. Los argumentos esgrimidos como válidos, no lo son toda vez que se atiendan principios democráticos y de justicia.
Se dice: - El pueblo se pronunció en 1989 y hay que respetarlo. Tres puntualizaciones.
1) En el plebiscito de 1989 ciertamente, aunque por margen escaso, el voto amarillo que mantenía la ley votada años antes, tuvo resultado favorable. Pero hoy es otro momento histórico: la reafirmación y profundización de la democracia exige crecientemente cerrar las profundas heridas conociendo toda la verdad y logrando justicia. Además, muchos que sufrieron las consecuencias de la dictadura y no pudieron expresarse en 1989 por su edad y otros motivos, mantienen el derecho de pronunciarse.
2) Demuestran quienes hoy manifiestan “voté amarillo pero hoy votaría verde”, que en aquel momento cercano todavía a lo que significó la dictadura, pesaba sobre integrantes del mismo pueblo que derrotó a la dictadura, un grado de temor, propiciado por la propaganda del voto amarillo.
3) Muchos de los que admitieron la permanencia de la ley apostaron al artículo 4º como una posibilidad. A posteriori, y hasta la actual administración de gobierno, no se puso en práctica plenamente ese artículo que por otra parte pone en manos del Poder Ejecutivo –y no en la Justicia- la decisión de si un crimen corresponde o no que sea juzgado, y además circunscrito a fechas tales que, con la mejor voluntad, dejan demasiados casos por fuera de cualquier acercamiento a la verdad y la justicia auténticas.
- Está probado que con la ley vigente se puede hacer justicia: hay presos, se encontraron desaparecidos… Mejor dejar todo como está. Argumento también falaz, en algunos casos amparado en el famoso “no tengamos ojos en la nuca”. Pero con la ley vigente no sólo se ha logrado mucho menos de lo necesario sino que la propia ley no pone en ejercicio la Justicia en su verdadero lugar.
Eso no es bueno nunca, pues depende de voluntad política, que fue nula en momentos decisivos anteriores y en los posteriores, aun siendo fuerte, los acotamientos de la ley dificultan o posponen el logro de justos resultados. Tiene importancia también un aspecto formal –y no tanto- expuesto a trampas que es necesario considerar.
A veces por confusión inocente, muchas otras a sabiendas, se habla de “derogar” la ley. De hecho lo hemos visto en las preguntas de las encuestas “¿Está de acuerdo con derogar la ley?” Sepamos con claridad que el 25 de octubre, esta ley no se deroga sino que se anula.
La inmensa cantidad de nobles uruguayos que quieren saber la verdad, que enaltecen el valor de la justicia, acordes con su conciencia tendrán que votar por anular la ley. Y eso quiere decir, ni más ni menos, que los casos postergados incluso habiendo aplicado el artículo 4º, tendrán que investigarse, habrá de garantizarse pronunciamiento judicial, porque la anulación implica retroactividad de la ley.
La esperanza y la posibilidad de concretarse se amplía abriendo horizonte a toda la verdad y toda la justicia. Quienes manejan el equívoco de la derogación pretenden fortalecer la idea de que “no vale la pena, dejemos todo como está”. Por eso, todos los votantes habrán de revisar bien las listas entregadas.
Todas las listas del FA deben incluir la papeleta rosada, pero igualmente hay que revisar. Es muy importante la definición de los auténticos defensores de la democracia. Los llaman también a esa responsabilidad los pronunciamientos de organizaciones internacionales de derechos humanos que nos tienen condenados con “mala calificación” merecida.
Y estas consideraciones van más allá de las diferencias en materia política de otro orden. Por algo ciertos candidatos, al menos públicamente, dicen que “dejan liberados a sus votantes” pero no colocan la papeleta rosada junto a su lista partidaria. ¡Muchos de sus votantes tan sinceros respecto de sus partidos como demócratas también sinceros, colocarán la papeleta rosada!
Lo que siempre decimos mantiene total vigencia: en manos del pueblo, y papeleta mediante en las urnas, está el protagonismo cuyo parangón más ejemplar no puede ser otro que la heroica huelga general, la posterior resistencia dentro y fuera del país y la triunfante derrota final de la dictadura, que tan variada participación tuvo.
No renunciar a la construcción que entregó tantas vidas valiosas es un mandato para la imperecedera historia que a todos nos toca preservar, por el presente y el futuro. Porque los uruguayos, orgullosos de nosotros mismos, de logros que nos pertenecen por participar, no queremos la impunidad y así lo manifestaremos con la papeleta rosada el 25 de octubre.
Fuente:Publicado por Comunistas en Madrid
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